Cuando el país cruje, el patrimonio queda expuesto

Comenzamos este nuevo año con un estallido en Venezuela, un nuevo giro político y una crisis que, lejos de sorprender, confirma una dinámica que la región conoce bien. No es un episodio aislado ni un hecho excepcional. Es la reaparición de un patrón latinoamericano que, una y otra vez, vuelve a poner en tensión a empresarios, empresas y familias que construyeron patrimonio en entornos que hoy resultan cada vez más imprevisibles.

Este escenario obliga a mirar más allá de la coyuntura venezolana y a formular una reflexión incómoda pero necesaria: qué ocurre con el patrimonio y con el legado cuando el contexto político deja de ser un marco y se convierte en una variable de riesgo, en un enemigo. Porque cuando los países crujen, no solo se resienten las economía, se ponen a prueba las estructuras, las decisiones tomadas (las postergadas) y la capacidad real de anticipación de quienes operan en la región.

Venezuela vuelve a recordarlo con crudeza. No como advertencia futura, sino como evidencia acumulada.

Durante años, muchos empresarios latinoamericanos confiaron en que las crisis serían transitorias, que los ciclos políticos se corregirían y que la institucionalidad terminaría reencauzándose. En algunos casos, esa expectativa fue razonable. En otros, resultó costosa. El problema no fue únicamente económico. Fue, sobre todo, jurídico y político. Cuando el derecho deja de proteger y comienza a condicionar, el patrimonio puede seguir existiendo en los papeles mientras pierde control en la práctica.

La experiencia regional demuestra que las crisis no suelen comenzar con expropiaciones ni rupturas abruptas. Comienzan antes, de forma silenciosa, cuando la capacidad de decidir se reduce o queda secuestrada, cuando la planificación se vuelve defensiva (reactiva) y cuando el empresario empieza a operar en un terreno que ya no domina. Para entonces, muchas familias aún creen que están resistiendo, cuando en realidad ya están expuestas.

Algunas lo entendieron a tiempo. No reaccionaron desde el miedo ni desde la épica. Actuaron con estrategia. Ajustaron su nivel de exposición, separaron patrimonio de operación, diversificaron jurisdicciones y redefinieron centros de decisión, hasta cambiaron de residencia y optaron por contar con otra nacionalidad. No evitaron todas las pérdidas, pero preservaron lo esencial: control, continuidad y cohesión familiar. Otras, en cambio, apostaron a la inmovilidad, confiando en que no moverse era una forma de protección o resguardo. Muchas descubrieron demasiado tarde que también era una forma de riesgo.

En América Latina, los conflictos patrimoniales rara vez se declaran. Se administran. Avanzan a través de regulaciones, presión fiscal, narrativas públicas y cambios normativos que, acumulados, terminan alterando de manera profunda la relación entre el Estado, la empresa y la propiedad. En ese contexto, el patrimonio inmóvil y concentrado es siempre el más vulnerable.

Por eso, el legado dejó de ser hace tiempo una cuestión puramente familiar o sucesoria. Hoy es también una cuestión estratégica. Depende de la capacidad de anticiparse, de diseñar estructuras que no queden atrapadas en un solo país y sus leyes, expuestas a un solo régimen, a su sistema judicial o en un solo ciclo político. Pensar el patrimonio exclusivamente desde una lógica local ya no es una señal de compromiso, sino una fragilidad.

La crisis venezolana vuelve a poner este debate sobre la mesa, no como una historia ajena, sino como un espejo regional. No se trata de abandonar países ni de renunciar a raíces. Se trata de no confundir identidad con exposición, ni pertenencia con ausencia de planificación.