Panamá aprueba una de las reformas fiscales internacionales más relevantes de los últimos años
El reciente 28 de mayo de 2026, Panamá promulgó la Ley 526 de 2026, incorporando nuevas reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades establecidas en el país.
La reforma responde a compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de transparencia fiscal y busca alinearse con los estándares promovidos por organismos internacionales y por la Unión Europea respecto a la tributación de estructuras internacionales que carecen de actividad económica real.
Si bien Panamá mantiene su tradicional sistema tributario territorial, la nueva normativa introduce una excepción relevante para determinadas entidades que perciben ingresos pasivos provenientes del exterior y que no logren demostrar una sustancia económica suficiente dentro del territorio panameño.
La ley contempla criterios relacionados con la existencia de personal adecuado, instalaciones apropiadas, gastos operativos consistentes con la actividad desarrollada, dirección efectiva y funciones económicas reales vinculadas a la generación de los ingresos obtenidos.
Entre las rentas que podrían verse alcanzadas por el nuevo régimen se encuentran dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y otras categorías de ingresos pasivos provenientes del exterior.
La reforma tiene especial relevancia para sociedades holding, vehículos de inversión, estructuras patrimoniales y entidades utilizadas para la tenencia de activos internacionales, muchas de las cuales fueron constituidas en un contexto regulatorio significativamente distinto al actual.
Más allá de los efectos fiscales inmediatos, la aprobación de esta normativa refleja una tendencia internacional cada vez más consolidada: la exigencia de que las estructuras corporativas internacionales puedan demostrar actividad económica real, adecuada gobernanza y una presencia efectiva en la jurisdicción donde se encuentran establecidas.
En los últimos años, las autoridades fiscales y regulatorias de múltiples países han incrementado los estándares relacionados con sustancia económica, beneficiario final, intercambio de información y transparencia corporativa. Como consecuencia, las estructuras internacionales son objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de reguladores, instituciones financieras y contrapartes comerciales.
Para empresarios, inversionistas internacionales y grupos familiares que mantienen estructuras en Panamá, esta reforma representa una oportunidad para revisar la adecuación de sus vehículos corporativos frente a un entorno regulatorio que continúa evolucionando.
La evaluación de aspectos como sustancia económica, gobernanza corporativa, planificación patrimonial, cumplimiento regulatorio y eficiencia operativa adquiere una importancia creciente en la administración de estructuras internacionales.
La Ley 526 constituye un nuevo paso dentro de la transformación que está experimentando la planificación internacional. Más que un cambio aislado, refleja la dirección que están tomando los estándares globales en materia de fiscalidad, transparencia y actividad económica real.